Ponencia del SATSAID en Audiencia Publica
Sobre la nueva ley de Medios.
El Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos, es la asociación sindical que nuclea a los Técnicos, Operadores y Administrativos de los canales de Televisión, Productoras, Circuitos Cerrados, empresas de Servicios Audiovisuales, así como a los trabajadores que se desempeñan en el ámbito de la interconectividad e internet de todo el país.
En la actualidad nuestra entidad sindical nuclea a más de 28.000 trabajadores.
Nuestro sindicato es miembro fundador de la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social, integrada por la Sociedad Argentina de Locutores, Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Asociación Argentina de Actores, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, Sindicato Único de la Publicidad, Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones, Sindicato Argentino de Músicos, Sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines, y la Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta, Diarios y Afines.
Nuestro accionar y nuestra conducta en pos de impulsar una normativa democrática que ordene y regule la actividad de los medios de comunicación social, no es nueva, se remonta a los primeros años de la recuperación del Estado de Derecho.
En ese sentido hemos actuado realizando aportes en el Consejo Nacional para la Consolidación de la Democracia, convocado por el Presidente Raúl Alfonsín, dado que ya, en aquel momento, se planteaba la necesidad de reemplazar la Ley de Radiodifusión de la dictadura militar. Vale recordar que la intención de una nueva norma figuraba en las plataformas electorales de los partidos políticos mayoritarios en 1983. El intento se frustro con la finalización de la administración radical y el no tratamiento ni de este, ni de los otros proyectos que se conocieron en aquel momento de los Diputados Alvarez Guerrero, y Carlos Grosso entre otros.
Con posterioridad a esa experiencia, hemos realizado aportes en distintas instancias durante los últimos 20 años a iniciativas destinadas a reformular el marco regulatorio, entre otros, con los Diputados Nacionales Fernando Enrique Paz, Rafael Flores, Fernando “Pino“ Solanas, Margarita Stolbizer, Daniel Carbonetto. Aportamos también al proyecto del último gobierno radical, que coordinaba desde el COMFER Gustavo López y que también se frustro al llegar al parlamento. Estos proyectos como tantos otros - cobraron estado parlamentario y, con distintos instrumentos, marcaban denominadores comunes en definiciones como cuota de pantalla, producción propia, fomento del pluralismo informativo y a la producción nacional, sin embargo, asombrosa y vergonzosamente, ninguno de ellos llegó al Recinto.
Formamos parte también de la iniciativa ciudadana Coalición por una Ley de Radiodifusión de la Democracia, donde se condensaron en 21 puntos las definiciones centrales que entendimos los impulsores de ese texto, son necesarios para promover una nueva normativa sobre medios de comunicación social, que en gran medida son rescatados por este Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Poder Ejecutivo Nacional ha enviado en esta instancia al Parlamento.
Es notorio destacar que una ley que emanó de cuerpos no democráticos, como lo es la ley 22.285, con un profundo contenido antidemocrático, a los estamentos de la democracia les haya costado tanto comenzar el tratamiento de una reforma indispensable.
La democratización de la información, no es un tema menor. El reflejo efectivo de las minorías, los pueblos originarios de distintos y variados idearios en los medios de comunicación, la posibilidad de acceso cierto a los servicios audiovisuales, es un derecho humano fundamental y, un baluarte inapreciado para el real y efectivo funcionamiento de la democracia.
Los trabajadores del sector entendemos que la desconcentración del Poder de la Información es esencial y no puede confundirse a la libertad de expresión con la “libertad” de los poderes económicos de imponer el monopolio del dinero en pos de una interpretación maniquea y espuria de la libertad de empresa.
Cuando lo que se denomina libertad de empresa sirve para concentrar en pocas manos a los medios de comunicación social, no solo es una contradicción con el concepto de comunicación social, sino que es un ataque abierto a la democracia, es una palmaria violación a la verdadera Libertad de Expresión.
Lamentamos, que la discusión hasta el presente se base en la oportunidad o no de tratar un proyecto, con distintas evasivas.
El SATSAID apoya este proyecto de Ley que busca garantizar el libre ejercicio del Derecho Humano Universal a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones desde distintos espacios sociales y culturales.
El SATSAID apoya en especial la obligación que establece porcentajes de producción nacional para los contenidos audiovisuales, como lo poseen todas las regulaciones sobre servicios de comunicación audiovisual en el derecho comparado, y aún entendiendo que es un avance importante, consideramos insuficiente la cantidad propuesta en el proyecto de Ley, ya que debería tratarse de un 70% de producción nacional, conformada con un 20% de noticieros o programas periodísticos locales y el 50% restante, de producción propia local, dejando como opción que de ese 50%, un 20% se realice con producción local independiente. La importancia de establecer estos porcentajes reside en la necesaria promoción del trabajo argentino de miles de periodistas, escritores, guionistas, directores, productores, actores, y técnicos, por un lado, porque más voces significan más diversidad, libertad de expresión y pluralismo, y por el otro en diseñar medios de radiodifusión que presten un servicio a la comunidad donde residen, dotando a todos los habitantes de la población de fuentes estéticas e informativas plurales y diversas. Poco le sirve a una ciudad del interior, un canal de televisión que retransmita el clima de Capital Federal, el bache que existe en la ciudad de Buenos Aires, o que algún título informativo por ejemplo, sea que un club de fútbol de la Capital Federal tuvo un “duro revés” al ser derrotado por el club de fútbol de la ciudad del interior.
Esto sucede hoy en la Argentina, sin obligaciones de producción local, cuando solo se impone el interés del negocio concentrado y unitario, por sobre el público destinatario y las bases federales.
El SATSAID es consciente sobre la imperiosa necesidad de incluir las clausulas destinadas a evitar la concentración de medios en pocas manos, – como tienen las regulaciones más avanzadas - a través del límite de licencias múltiples y a través de la promoción de nuevos licenciatarios con y sin fines de lucro, que amplíen la posibilidad de desarrollar servicios audiovisuales y sonoros, como también las reservas para los Estados Provinciales, para la Ciudad de Buenos Aires, y para las Universidades Nacionales.
Una Ley que no prevea y provea a ello, no puede reputarse de democrática.
El aprovechamiento del dividendo digital para diversificar y generar nuevos emprendimientos audiovisuales, impulsar nuevas oportunidades de inversión, y crear instancias de pluralismo y diversidad, y con ello, nuevos puestos de trabajo además de ampliar el espectro social y cultural de los contenidos y perspectivas de la radiodifusión es indispensable para un avance real y maduro de la sociedad.
No en vano, actualmente se habla de medios de COMUNICACIÓN SOCIAL y no medios de comunicación a “secas”.
Es que el concepto implica un contenido que va más allá del sesgo empresario y tiene que ver con tratar al derecho a la comunicación y al derecho a la información, como un bien cultural, patrimonio de todos los habitantes de este suelo y no exclusivamente de aquellos que ostentan poder económico.
En este sentido, en el SATSAID entendemos pertinente que la regulación de la publicidad establecida sea distinta respecto de los espacios previstos para la Televisión Abierta, que de los previstos para la Televisión por suscripción. Es necesario preservar los espacios publicitarios para la radiodifusión gratuita ya que ésta es su única fuente de financiamiento a diferencia del sector por suscripción, que tiene en el cobro de abonos su fuente de ingresos y la publicidad tiene un valor marginal. La Televisión Gratuita tanto privada como estatal, brinda hoy servicio a más de 4 millones de hogares que no tienen acceso a la televisión por suscripción, y la televisión abierta es su única opción.
La sustentabilidad de la TV abierta depende de esta definición. Es más, también depende de esta definición la posibilidad de emprender nuevas emisoras, porque si el mercado publicitario se corre a la TV por suscripción, se tornará en virtual la idea de nuevas inversiones y nuevas voces, ya que no existirá posibilidad de sostener estos emprendimientos. La pauta publicitaria propuesta de 12 minutos por hora para la TV Abierta y 8 minutos para el canal local propio en los medios por suscripción es correcta, pero en el último caso debería incluir dentro de ese espacio las promociones de programación propia
En el caso de las señales el proyecto de Ley prevee 6 minutos por hora, pensamos que de la misma manera ese tiempo debería incluir las promociones de la programación de la señal y que únicamente deberían pautar las señales que contienen producción nacional. La publicidad de los anunciantes argentinos debe servir para financiar el audiovisual argentino y no se justifica en señales extranjeras que venden sus contenidos a escala mundial.
En otro orden de cosas, como estamos totalmente de acuerdo con los postulados del artículo 1° del proyecto de ley, cuando allí se expresa que: “…El objeto de la presente ley es la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la REPÚBLICA ARGENTINA y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación…”, es que no compartimos la idea de participar, aunque sea en grado de excepción, a empresas licenciatarias de servicios de Telefonía en servicios de radiodifusión ya que las mismas, en su esencia, tienen características monopólicas en sus respectivas áreas de incumbencia y con posibilidad por su gran poderío económico de proyectar esas mismas características al área de los servicios audiovisuales.
Si miramos la actividad telefónica, entre dos compañías se reparten 9 millones de abonados de líneas fijas sin competir siquiera entre ellas, contando con un mercado cautivo y sin opciones. Suman a esto además, 26 millones de líneas móviles que representa un 60% del mercado total de celulares.
Hay en la actividad de la Televisión por suscripción una situación distinta. Hace quince años existían más de mil quinientas empresas. Hoy son solo 600 entre las pequeñas, medianas y grandes, producto de un fenomenal proceso de compras y fusiones que se dieron durante estos años. Los Trabajadores de Televisión fuimos víctimas de este proceso de concentración al cual tuvimos que enfrentar en más de una ocasión, para preservar nuestros puestos de trabajo. En la actualidad, de un total de 6,5 millones de abonados en todo el país, la empresa que lidera el sector participa con una posición dominante del 47%, seguida por la TV satelital con un 15%, el restante 38% se reparte entre 600 empresas pequeñas y medianas que desarrollan su actividad principalmente en las ciudades y pueblos del interior con algunas participaciones en la región del AMBA. En varias localidades del país, incluida la Ciudad de Buenos Aires, hay más de un operador en competencia, a lo que se suma como opción la TV satelital que tiene una pisada en todo el territorio nacional.
Esto genera en cierto modo y relativamente mejores ofertas de servicio a precios más baratos ya que existen alternativas de cambiarse de un servicio de TV por suscripción a otro.
Nuestro objetivo es que este desarrollo se profundice y no se estanque ni sea propenso a concentrarse.
Esperamos más de este desarrollo de la competencia y no menos.
Es cierto que existe en la actividad empresas que detentan una posición dominante y entendemos que el proyecto de Ley se propone corregir, pero no debería ser para cambiarlas por otras situaciones dominantes u oligopolicas.
Las empresas no cambian y aquellas que han basado su desarrollo en prácticas monopólicas, siempre tenderán a lograr la concentración y serán una amenaza para los pequeños y medianos empresariDado su potencial económico y tecnológico si se permitiera la participación de las empresas telefónicas en la actividad de radiodifusión sin condicionamientos suficientes, estas tendrían capacidad de intervenir en el mercado de manera predatoria hasta quedarse en una posición dominante haciendo desaparecer a las pequeñas y medianas empresas de todo el país, y solo algunas empresas de TV por suscripción, las más grandes, tendrían capacidad de sobrevivir y se quedarían con el resto de los abonados. Este panorama implica menos ofertas de servicios que las actuales y por ende menos puestos de trabajo, a lo que hay que agregar que atenta contra los propios objetivos del proyecto de Ley.
Ahora bien: en el artículo 25 de la Propuesta de Ley se realiza sobre esto una excepción y particularmente para las empresas –en realidad mal llamadas- de servicios públicos de Telecomunicaciones. Se establecen allí una serie de condiciones, algunas de ellas figuran en el la resolución 764 de la SECOM del año 2000 que, nobleza obliga, advertimos que no se cumple.
Pero entendemos que el Proyecto de Ley pretende legislar los procesos de convergencia de los actuales servicios de Telecomunicación y Radiodifusión para convertirlas en redes multiservicios acorde con los avances tecnológicos y con las distintas regulaciones internacionales que sobre este aspecto hay en la actualidad. Entendemos que para cumplir con este cometido se debe primero garantizar una penetración no menor al 25% del mercado de telefonía básica u hogareña, de las empresas de servicios de TV por suscripción de manera efectiva y con una ventana de tiempo no menor a los 5 años para instrumentar una transición que permita el desarrollo de muchos operadores de redes multiservicio en todo el país que puedan adecuar su emprendimiento a las nuevas condiciones de competencia generando una alternativa cierta de desarrollo de redes modernas y competitivas preparada para prestaciones múltiples y eficaces.
Si bien lo ideal es que las telefónicas no intervengan, más allá de la convergencia, si lo que se pretende es asegurar es la red multiservicios, debe preservarse el fin desmonopolizador de la Ley y crear las condiciones de desconcentración de sus servicios de manera efectiva. Por lo que tras una transición, mas la adecuación a las condiciones que establece el artículo 25 de conformar unidades de negocio separadas específicas, que en realidad deberían ser razones sociales separadas, para desarrollar la prestación del servicio de comunicación audiovisual por suscripción en la que se deberá respetar las incumbencias y encuadramientos profesionales de los trabajadores dedicados a las tareas y servicios de comunicación audiovisual, las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones podrían obtener una licencia de servicios de comunicación audiovisual.
Hemos realizado estos aportes convencidos de que el fortalecimiento de la democracia es imposible sin el acceso a la información y a la diversidad de ideas.
Esta Ley no amordaza a la prensa, porque la Ley no regula contenidos. Todo lo contrario promueve la participación social en los medios de comunicación con total libertad.
La concentración de los medios de comunicación en pocas manos, como lo que ocurre actualmente, es inversamente proporcional a la Libertad de Expresión y al sistema democrático.
La Libertad y el diálogo existen, cuando se desmonopoliza la palabra y surgen varias verdades y realidades relativas, y no el emporio de la Verdad Revelada.
Estamos, por lo tanto, convencidos de la importancia de que nuestro país tenga una Ley de comunicación audiovisual construida en democracia, para la democracia y dirigida a servir a la diversidad de quienes conformamos el Pueblo de la Nación Argentina.
El Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos, es la asociación sindical que nuclea a los Técnicos, Operadores y Administrativos de los canales de Televisión, Productoras, Circuitos Cerrados, empresas de Servicios Audiovisuales, así como a los trabajadores que se desempeñan en el ámbito de la interconectividad e internet de todo el país.
En la actualidad nuestra entidad sindical nuclea a más de 28.000 trabajadores.
Nuestro sindicato es miembro fundador de la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social, integrada por la Sociedad Argentina de Locutores, Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Asociación Argentina de Actores, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, Sindicato Único de la Publicidad, Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones, Sindicato Argentino de Músicos, Sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines, y la Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta, Diarios y Afines.
Nuestro accionar y nuestra conducta en pos de impulsar una normativa democrática que ordene y regule la actividad de los medios de comunicación social, no es nueva, se remonta a los primeros años de la recuperación del Estado de Derecho.
En ese sentido hemos actuado realizando aportes en el Consejo Nacional para la Consolidación de la Democracia, convocado por el Presidente Raúl Alfonsín, dado que ya, en aquel momento, se planteaba la necesidad de reemplazar la Ley de Radiodifusión de la dictadura militar. Vale recordar que la intención de una nueva norma figuraba en las plataformas electorales de los partidos políticos mayoritarios en 1983. El intento se frustro con la finalización de la administración radical y el no tratamiento ni de este, ni de los otros proyectos que se conocieron en aquel momento de los Diputados Alvarez Guerrero, y Carlos Grosso entre otros.
Con posterioridad a esa experiencia, hemos realizado aportes en distintas instancias durante los últimos 20 años a iniciativas destinadas a reformular el marco regulatorio, entre otros, con los Diputados Nacionales Fernando Enrique Paz, Rafael Flores, Fernando “Pino“ Solanas, Margarita Stolbizer, Daniel Carbonetto. Aportamos también al proyecto del último gobierno radical, que coordinaba desde el COMFER Gustavo López y que también se frustro al llegar al parlamento. Estos proyectos como tantos otros - cobraron estado parlamentario y, con distintos instrumentos, marcaban denominadores comunes en definiciones como cuota de pantalla, producción propia, fomento del pluralismo informativo y a la producción nacional, sin embargo, asombrosa y vergonzosamente, ninguno de ellos llegó al Recinto.
Formamos parte también de la iniciativa ciudadana Coalición por una Ley de Radiodifusión de la Democracia, donde se condensaron en 21 puntos las definiciones centrales que entendimos los impulsores de ese texto, son necesarios para promover una nueva normativa sobre medios de comunicación social, que en gran medida son rescatados por este Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Poder Ejecutivo Nacional ha enviado en esta instancia al Parlamento.
Es notorio destacar que una ley que emanó de cuerpos no democráticos, como lo es la ley 22.285, con un profundo contenido antidemocrático, a los estamentos de la democracia les haya costado tanto comenzar el tratamiento de una reforma indispensable.
La democratización de la información, no es un tema menor. El reflejo efectivo de las minorías, los pueblos originarios de distintos y variados idearios en los medios de comunicación, la posibilidad de acceso cierto a los servicios audiovisuales, es un derecho humano fundamental y, un baluarte inapreciado para el real y efectivo funcionamiento de la democracia.
Los trabajadores del sector entendemos que la desconcentración del Poder de la Información es esencial y no puede confundirse a la libertad de expresión con la “libertad” de los poderes económicos de imponer el monopolio del dinero en pos de una interpretación maniquea y espuria de la libertad de empresa.
Cuando lo que se denomina libertad de empresa sirve para concentrar en pocas manos a los medios de comunicación social, no solo es una contradicción con el concepto de comunicación social, sino que es un ataque abierto a la democracia, es una palmaria violación a la verdadera Libertad de Expresión.
Lamentamos, que la discusión hasta el presente se base en la oportunidad o no de tratar un proyecto, con distintas evasivas.
El SATSAID apoya este proyecto de Ley que busca garantizar el libre ejercicio del Derecho Humano Universal a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones desde distintos espacios sociales y culturales.
El SATSAID apoya en especial la obligación que establece porcentajes de producción nacional para los contenidos audiovisuales, como lo poseen todas las regulaciones sobre servicios de comunicación audiovisual en el derecho comparado, y aún entendiendo que es un avance importante, consideramos insuficiente la cantidad propuesta en el proyecto de Ley, ya que debería tratarse de un 70% de producción nacional, conformada con un 20% de noticieros o programas periodísticos locales y el 50% restante, de producción propia local, dejando como opción que de ese 50%, un 20% se realice con producción local independiente. La importancia de establecer estos porcentajes reside en la necesaria promoción del trabajo argentino de miles de periodistas, escritores, guionistas, directores, productores, actores, y técnicos, por un lado, porque más voces significan más diversidad, libertad de expresión y pluralismo, y por el otro en diseñar medios de radiodifusión que presten un servicio a la comunidad donde residen, dotando a todos los habitantes de la población de fuentes estéticas e informativas plurales y diversas. Poco le sirve a una ciudad del interior, un canal de televisión que retransmita el clima de Capital Federal, el bache que existe en la ciudad de Buenos Aires, o que algún título informativo por ejemplo, sea que un club de fútbol de la Capital Federal tuvo un “duro revés” al ser derrotado por el club de fútbol de la ciudad del interior.
Esto sucede hoy en la Argentina, sin obligaciones de producción local, cuando solo se impone el interés del negocio concentrado y unitario, por sobre el público destinatario y las bases federales.
El SATSAID es consciente sobre la imperiosa necesidad de incluir las clausulas destinadas a evitar la concentración de medios en pocas manos, – como tienen las regulaciones más avanzadas - a través del límite de licencias múltiples y a través de la promoción de nuevos licenciatarios con y sin fines de lucro, que amplíen la posibilidad de desarrollar servicios audiovisuales y sonoros, como también las reservas para los Estados Provinciales, para la Ciudad de Buenos Aires, y para las Universidades Nacionales.
Una Ley que no prevea y provea a ello, no puede reputarse de democrática.
El aprovechamiento del dividendo digital para diversificar y generar nuevos emprendimientos audiovisuales, impulsar nuevas oportunidades de inversión, y crear instancias de pluralismo y diversidad, y con ello, nuevos puestos de trabajo además de ampliar el espectro social y cultural de los contenidos y perspectivas de la radiodifusión es indispensable para un avance real y maduro de la sociedad.
No en vano, actualmente se habla de medios de COMUNICACIÓN SOCIAL y no medios de comunicación a “secas”.
Es que el concepto implica un contenido que va más allá del sesgo empresario y tiene que ver con tratar al derecho a la comunicación y al derecho a la información, como un bien cultural, patrimonio de todos los habitantes de este suelo y no exclusivamente de aquellos que ostentan poder económico.
En este sentido, en el SATSAID entendemos pertinente que la regulación de la publicidad establecida sea distinta respecto de los espacios previstos para la Televisión Abierta, que de los previstos para la Televisión por suscripción. Es necesario preservar los espacios publicitarios para la radiodifusión gratuita ya que ésta es su única fuente de financiamiento a diferencia del sector por suscripción, que tiene en el cobro de abonos su fuente de ingresos y la publicidad tiene un valor marginal. La Televisión Gratuita tanto privada como estatal, brinda hoy servicio a más de 4 millones de hogares que no tienen acceso a la televisión por suscripción, y la televisión abierta es su única opción.
La sustentabilidad de la TV abierta depende de esta definición. Es más, también depende de esta definición la posibilidad de emprender nuevas emisoras, porque si el mercado publicitario se corre a la TV por suscripción, se tornará en virtual la idea de nuevas inversiones y nuevas voces, ya que no existirá posibilidad de sostener estos emprendimientos. La pauta publicitaria propuesta de 12 minutos por hora para la TV Abierta y 8 minutos para el canal local propio en los medios por suscripción es correcta, pero en el último caso debería incluir dentro de ese espacio las promociones de programación propia
En el caso de las señales el proyecto de Ley prevee 6 minutos por hora, pensamos que de la misma manera ese tiempo debería incluir las promociones de la programación de la señal y que únicamente deberían pautar las señales que contienen producción nacional. La publicidad de los anunciantes argentinos debe servir para financiar el audiovisual argentino y no se justifica en señales extranjeras que venden sus contenidos a escala mundial.
En otro orden de cosas, como estamos totalmente de acuerdo con los postulados del artículo 1° del proyecto de ley, cuando allí se expresa que: “…El objeto de la presente ley es la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la REPÚBLICA ARGENTINA y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación…”, es que no compartimos la idea de participar, aunque sea en grado de excepción, a empresas licenciatarias de servicios de Telefonía en servicios de radiodifusión ya que las mismas, en su esencia, tienen características monopólicas en sus respectivas áreas de incumbencia y con posibilidad por su gran poderío económico de proyectar esas mismas características al área de los servicios audiovisuales.
Si miramos la actividad telefónica, entre dos compañías se reparten 9 millones de abonados de líneas fijas sin competir siquiera entre ellas, contando con un mercado cautivo y sin opciones. Suman a esto además, 26 millones de líneas móviles que representa un 60% del mercado total de celulares.
Hay en la actividad de la Televisión por suscripción una situación distinta. Hace quince años existían más de mil quinientas empresas. Hoy son solo 600 entre las pequeñas, medianas y grandes, producto de un fenomenal proceso de compras y fusiones que se dieron durante estos años. Los Trabajadores de Televisión fuimos víctimas de este proceso de concentración al cual tuvimos que enfrentar en más de una ocasión, para preservar nuestros puestos de trabajo. En la actualidad, de un total de 6,5 millones de abonados en todo el país, la empresa que lidera el sector participa con una posición dominante del 47%, seguida por la TV satelital con un 15%, el restante 38% se reparte entre 600 empresas pequeñas y medianas que desarrollan su actividad principalmente en las ciudades y pueblos del interior con algunas participaciones en la región del AMBA. En varias localidades del país, incluida la Ciudad de Buenos Aires, hay más de un operador en competencia, a lo que se suma como opción la TV satelital que tiene una pisada en todo el territorio nacional.
Esto genera en cierto modo y relativamente mejores ofertas de servicio a precios más baratos ya que existen alternativas de cambiarse de un servicio de TV por suscripción a otro.
Nuestro objetivo es que este desarrollo se profundice y no se estanque ni sea propenso a concentrarse.
Esperamos más de este desarrollo de la competencia y no menos.
Es cierto que existe en la actividad empresas que detentan una posición dominante y entendemos que el proyecto de Ley se propone corregir, pero no debería ser para cambiarlas por otras situaciones dominantes u oligopolicas.
Las empresas no cambian y aquellas que han basado su desarrollo en prácticas monopólicas, siempre tenderán a lograr la concentración y serán una amenaza para los pequeños y medianos empresariDado su potencial económico y tecnológico si se permitiera la participación de las empresas telefónicas en la actividad de radiodifusión sin condicionamientos suficientes, estas tendrían capacidad de intervenir en el mercado de manera predatoria hasta quedarse en una posición dominante haciendo desaparecer a las pequeñas y medianas empresas de todo el país, y solo algunas empresas de TV por suscripción, las más grandes, tendrían capacidad de sobrevivir y se quedarían con el resto de los abonados. Este panorama implica menos ofertas de servicios que las actuales y por ende menos puestos de trabajo, a lo que hay que agregar que atenta contra los propios objetivos del proyecto de Ley.
Ahora bien: en el artículo 25 de la Propuesta de Ley se realiza sobre esto una excepción y particularmente para las empresas –en realidad mal llamadas- de servicios públicos de Telecomunicaciones. Se establecen allí una serie de condiciones, algunas de ellas figuran en el la resolución 764 de la SECOM del año 2000 que, nobleza obliga, advertimos que no se cumple.
Pero entendemos que el Proyecto de Ley pretende legislar los procesos de convergencia de los actuales servicios de Telecomunicación y Radiodifusión para convertirlas en redes multiservicios acorde con los avances tecnológicos y con las distintas regulaciones internacionales que sobre este aspecto hay en la actualidad. Entendemos que para cumplir con este cometido se debe primero garantizar una penetración no menor al 25% del mercado de telefonía básica u hogareña, de las empresas de servicios de TV por suscripción de manera efectiva y con una ventana de tiempo no menor a los 5 años para instrumentar una transición que permita el desarrollo de muchos operadores de redes multiservicio en todo el país que puedan adecuar su emprendimiento a las nuevas condiciones de competencia generando una alternativa cierta de desarrollo de redes modernas y competitivas preparada para prestaciones múltiples y eficaces.
Si bien lo ideal es que las telefónicas no intervengan, más allá de la convergencia, si lo que se pretende es asegurar es la red multiservicios, debe preservarse el fin desmonopolizador de la Ley y crear las condiciones de desconcentración de sus servicios de manera efectiva. Por lo que tras una transición, mas la adecuación a las condiciones que establece el artículo 25 de conformar unidades de negocio separadas específicas, que en realidad deberían ser razones sociales separadas, para desarrollar la prestación del servicio de comunicación audiovisual por suscripción en la que se deberá respetar las incumbencias y encuadramientos profesionales de los trabajadores dedicados a las tareas y servicios de comunicación audiovisual, las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones podrían obtener una licencia de servicios de comunicación audiovisual.
Hemos realizado estos aportes convencidos de que el fortalecimiento de la democracia es imposible sin el acceso a la información y a la diversidad de ideas.
Esta Ley no amordaza a la prensa, porque la Ley no regula contenidos. Todo lo contrario promueve la participación social en los medios de comunicación con total libertad.
La concentración de los medios de comunicación en pocas manos, como lo que ocurre actualmente, es inversamente proporcional a la Libertad de Expresión y al sistema democrático.
La Libertad y el diálogo existen, cuando se desmonopoliza la palabra y surgen varias verdades y realidades relativas, y no el emporio de la Verdad Revelada.
Estamos, por lo tanto, convencidos de la importancia de que nuestro país tenga una Ley de comunicación audiovisual construida en democracia, para la democracia y dirigida a servir a la diversidad de quienes conformamos el Pueblo de la Nación Argentina.
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